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Diciembre es el mes previsto para que se apruebe el catálogo de las 139 nuevas titulaciones de Formación Profesional que podrán cursarse en España, así como el catálogo de las 667 cualificaciones profesionales asociadas.
Así lo ha señalado el director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Miguel Soler, quien ha participado junto al director general de FP de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, Melcior Arcarons, en una jornada sobre el sector de la formación.
En la actualidad 90 son las titulaciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el resto hasta llegar a las 139 se irá incorporando a lo largo del mes de noviembre, para aprobar definitivamente el nuevo catálogo antes de Navidades.
Las nuevas titulaciones incorporan una quincena de nuevos estudios y, además de actualizarse con nuevas demandas profesionales, también incorporan formación relacionada con las energías renovables, el medio ambiente y el mantenimiento de aeronaves, entre otras.
El director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación ha puntualizado que los recursos limitados hacen que ninguna comunidad autónoma pueda ofrecer las 139 titulaciones, por lo que se ha mostrado partidario de que cada una analice sus necesidades y, en caso necesario, se establezcan programas de movilidad para los estudiantes.
Por su parte, Melcior Arcarons ha puntualizado que el Estatut permite a Catalunya crear nuevas titulaciones al margen del Ministerio, aunque ha considerado que “cuesta creer” que con 139 títulos quede algún estudio por cubrir.

La Formación Profesional (FP) necesita crear 200.000 nuevas plazas en los próximos cuatro años para dar respuesta a las demandas de la sociedad y de los diferentes sectores productivos. Esta conclusión se extrae del “Mapa de la Formación Profesional”, presentado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, a la Conferencia Sectorial de Educación.
En la actualidad, la cifra de titulados en FP asciende a 4.664.859 personas. En el curso 2011-2012, los alumnos en este tipo de estudios se sitúan en 610.860, lo que supone un incremento del 5,6% con respecto al curso anterior. “Las cifras son bajas si se tiene en cuenta que para el año 2020 la fuerza trabajadora en España se calcula en 20.309.000 personas y que el 50% de los trabajadores deberán poseer un nivel medio de cualificación”, señala Educación.
Según el “Mapa de la Formación Profesional”, para 2020 aumentará la demanda en sectores como distribución y transporte. En estos sectores “la oferta de plazas es escasa y también lo es la formación de los trabajadores al no haber hasta el momento un número suficiente de titulaciones de FP relacionadas con estos sectores”.
También será necesario un incremento en las personas tituladas en sectores emergentes como producción agroecológica y la industria alimentaria derivada de dicha producción. Esto es debido a que para 2020 se estima que los titulados en FP en los sectores primarios y manufactureros sean del 40,6% y del 44 ,35% respectivamente.
Para el sector primario son necesarias 2.000 plazas, 12.000 para el sector manufacturero, 11.000 para el de la construcción y 115.000 para el de distribución y transporte, 60.000 para el sector de servicios prestados por administraciones públicas y privadas, como la Sanidad, Servicios Socioculturales y Seguridad y Medio Ambiente.
Gabilondo ha explicado que el objetivo es “reorientar la oferta y los recursos públicos de los sectores que más desfase tienen entre la formación y la demanda social. La distribución la debe hacer cada comunidad autónoma, pero es imprescindible un análisis de conjunto como éste”. El estudio realizado por Educación pretende servir en el futuro como elemento de información y de reflexión, para que la elaboración de las ofertas formativas den respuesta a las demandas de la sociedad y de los sectores productivos.
La distribución por titulación y familia específica deberá hacerse por cada comunidad autónoma, según los sectores productivos de su entorno. Para ello, será “imprescindible una actuación conjunta de todas las administraciones educativas, laborales y los agentes sociales”, indica el estudio.